Imprevisión
Por Víctor (Chacho) Cortés
Cerca de una decena de personas han muertos solo en el Cusco como consecuencia de las inundaciones. Los daños son cuantiosos. Probablemente más de lo que Defensa Civil tiene registrado: Mil 300 y pico de damnificados, unas 12 mil familias afectadas, 18 kilómetros de carreteras “devoradas” por los ríos. Cuantificado en dinero: Mucho más de los mil millones de soles calculados. Es decir, una calamidad. Pero Cusco no es el único afectado. Los daños alcanzan también a Apurímac, Puno, Huancavelica, etc. Y lo peor parece no ha terminado. Los científicos prevén que el azote de la naturaleza continuará en las próximas semanas.
Pero nada de esto es novedad en nuestro país. Todo el mundo sabe que de noviembre a marzo la sierra es azotada por lluvias, desbordes y huaicos. Todos los años se repite la historia. Tampoco es novedad que el gobierno declare la emergencia para facilitar que los gobiernos regionales y locales echen manos de recursos destinados a otros fines sin incurrir en malversación. Y, de paso, llevarse “alguito” para la campaña o sabe Dios para qué. Claro, me refiero a los más osados. Porque así es acá en el Perú. No por gusto somos parte del llamado “tercer mundo” ¿O cuarto?
Pero al margen de esto, la pregunta es ¿Por qué no se actúa previsoramente? Si la naturaleza se ensaña todos los años con nuestros compatriotas, por qué todo se improvisa y se hace a última hora? Las autoridades no pueden afirmar que “no sabían”. Acaso no saben que existe un Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi), el Instituto Geofísico del Perú (IGP), Defensa Civil, y una decena de instituciones dedicadas a estos menesteres.
Algunos han argumentado que el fenómeno ha sido “atípico”. Bueno, esa es una palabreja que les sirve como escudo para ocultar su incapacidad. Llaman atípico, por ejemplo, al hecho de que el caudal del río Vilcanota subió de 600 mts3 por segundo a más de mil mts3, “algo –dicen- que nunca había ocurrido”. No lo creo. Más aún cuando las autoridades del Senamhi, si mal no recuerdo, el año pasado ya habían advertido de ciertos fenómenos que se venían. Entonces ¿qué hicieron las autoridades? Nada o muy poco. Recuerdo que durante la gestión de la ministra de Transportes, Verónica Zavala, se anunciaba con bombos y platillos la realización de obras de “descolmatación” en diversos puntos. Cuando estuve por Junín, fui testigo que muchísimas cunetas construidas durante la década pasada, por donde deben discurrir las aguas cuando se produce el desborde de un río, estaban totalmente colmatadas. Había de todo: piedras, maleza y hasta desperdicios. La desidia gubernamental no se reduce a eso. También está en no impedir ni persuadir a los pobladores para que abandonen zonas de alto riesgo como la ribera de los ríos o en los ribazos, que son verdaderos precipicios, con rocas enormes encima de sus improvisadas casuchas. Eso que se reproduce en muchos cerros de Lima y que los políticos han fomentado y perpetuado con leyes, es parte de la desidia estatal (local, regional, central).
Pero si para las autoridades la desidia es su divisa ¿Qué podemos esperar de esas poblaciones pobres? Obviamente muy poco. Porque, sin duda, ellos también tienen responsabilidad. Cuando el desastre lo tienen encima, se quejan, lloran y reclaman. Entonces, le achacan a las autoridades por no levantarles muros de contención o llevarles ayuda. Y si uno les exige que deben abandonar tal o cual zona, como lo ha hecho muchas veces Indeci, la disculpa de siempre es la misma: “No tenemos dónde ir”. Por eso, estoy seguro que esta dramática historia la volveremos a escuchar y ver el año próximo. Lamentablemente, hay que decirlo, nos falta esa cultura de la previsión que a otros países les sobra. ¿Es así o me equivoco?
