La aplicación de la Ley de la Consulta Previa no ahuyentó las inversiones en Colombia
La aplicación de la Ley de la Consulta Previa no ahuyentó las inversiones en Colombia, sino por el contrario, las consolidó al otorgarles una estabilidad jurídica y social de largo plazo, afirmó hoy el director para la aplicación de ese mecanismo en ese país, Rafael Torres.
El especialista, quien se encuentra en Lima participando de un taller internacional sobre la materia, informó que solo el año pasado se realizaron en su país 265 consultas a 600 comunidades indígenas, y todas con resultados positivos.
Sostuvo que la consulta significa una especie de “licencia ambiental” y los inversionistas endienten que es mejor tener el visto bueno de la comunidad, antes que enfrentar una eventual paralización de sus operaciones, con el perjuicio económico que ello implica.
Explicó que la Corte Constitucional de Colombia, equivalente al Tribunal Constitucional peruano, puede ordenar la paralización de las obras si es que no se ha cumplido con este requisito, ya sea que se trate de un proyecto minero, petrolero, carretero o de puertos.
En declaraciones a la Agencia Andina, Torres Martín manifestó que en diez años de aplicación de la consulta, en virtud del Convenio 169 de la OIT, las inversiones no se han retraído, sino que han aumentado, hasta llegar a ser el 2.5 % del PBI colombiano, pese a que existen minas de carbón a cielo abierto.
“En ninguna de las consultas la comunidad tribal se niega a realizar el proceso porque es un tema de ganar-ganar, ganan las comunidades, ganan las empresas, y gana el país”, anotó.
Señaló que en este marco de negociaciones se logran las mitigaciones y compensaciones sobre algún impacto ambiental que pueda tener un determinado proyecto.
El funcionario colombiano también explicó que si bien el Convenio 169 de la OIT no establece el derecho a veto, en su país la Corte Constitucional sí ha reconocido este derecho, solo en tres casos, entre ellos, cuando el proyecto sometido a consulta implica el desplazamiento de toda la comunidad.
Torres Martín dijo que este buen clima de entendimiento no siempre ha sido así, sino que ha habido en estos diez años un mutuo aprendizaje para vencer la desconfianza de las partes.
A su juicio, la clave de todo esto ha sido primero, el debate técnico antes que político, la legitimidad de los estudios de impacto ambiental, y la confianza en las instituciones del Estado.
Torres participó en el taller internacional ‘Camino a la Implementación del Derecho a la Consulta’, organizado por el Viceministerio de Interculturalidad, que tiene a su cargo precisamente la elaboración del reglamento de la Ley de la Consulta Previa.
